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Para cosechar, propietarios son obligados por invasores a pagar “peaje” de G. 200.000/ha.

Agroganadera Tajy Guasu SA denunció que viven bajo amenaza de falsos “campesinos sin tierra” y piden la restitución del dominio violentado.

MARIANO ROQUE ALONSO, (ARP)-- Una situación de anarquía, como secuela de la ausencia del Estado para garantizar el derecho a la propiedad privada, fue denunciada por propietarios de la Agroganadera “Tajy Guasu SA”, quienes señalaron que campesinos disfrazados de “sin tierras” están procediendo abierta e impunemente a depredar maderas valiosas, generando recursos ilícitos millonarios y riéndose de las autoridades.

“Se ha llegado al colmo de que exigen el pago de G. 200.000 por hectárea cosechada, y según su estado de ánimo bajan el ‘peaje’ a G. 100.000”, afirmó el señor Antonio Lichi, uno de los propietarios del lugar afectado, ubicado en jurisdicción de la colonia Bella Vista, distrito de Yhu, departamento de Caaguazú.

“Ahora mismo están operando a todo pulmón con unas 50 motosierras para cortar las maderas más valiosas, y las trasladan rápidamente a aserraderos clandestinos a bordo de camiones y carretas”, comentó el afectado.

Añadió que los invasores se mantienen en el sitio desde setiembre del año pasado, y en todo este tiempo no prosperó ninguna orden de desalojo emanada de juez competente.

En ese sentido, el señor Lichi cuestionó la actuación del anterior fiscal de la causa, Ulises Giménez, y dijo que nada ha hecho para cumplir con su deber, permitiendo de esa manera que los invasores se consoliden en la propiedad ajena, donde han tomado posición como “territorio liberado”.

“Cuentan con una infraestructura formidable de tractores, camiones, motosierras, y todo lo que se necesita para consumar la destrucción masiva de los recursos forestales. Todos ellos están armados con escopetas de grueso calibre y se niegan sistemáticamente a dialogar; en esas condiciones los propietarios solo recibimos órdenes de ellos y sabemos a qué estamos expuestos en caso de hacerlos enojar”, puntualizó el señor Lichi.

Exteriorizó la impotencia que embarga a los responsables del establecimiento debido a la negativa de las autoridades policiales a acompañar las eventuales intervenciones de desalojo con argumentos repetidos, como la falta de medios de movilidad y personal.

De acuerdo a los datos, los delincuentes que se hacen pasar como supuestos campesinos sin tierra provienen de los asentamientos conocidos como Araújo Cué, Sidepar e Ygatimí, donde agentes antinarcóticos han descubierto en algún momento plantaciones de marihuana.

“Son vecinos de la agroganadera que conocen perfectamente la zona, por lo que entran y salen cuando quieren, y no dejan pasar a nadie, salvo que cumplan sus exigencias extorsivas y sean declarados amigos o enemigos. En este estado de terror estamos viviendo lastimosamente”, precisó el señor Antonio Lichi quien está afectado en este caso junto a la familia Núñez.

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) ha tomado nota de la situación y expresa su apoyo a la familia Lichi, en el marco del mandato institucional de defensa irrestricta y sin condiciones de la propiedad privada, consagrada por la Constitución Nacional y las leyes de la República.