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Las invasiones están vinculadas con la venta de derecheras, abigeato y deforestación

ARP lamenta violación de la propiedad privada y pide que se cumplan las resoluciones judiciales de desalojo.

MARIANO ROQUE ALONSO, (ARP)-- Puntualmente, en la Región Oriental del Paraguay siempre se recurrió al delito de la invasión de tierras con el pretexto del desamparo; la bandera de los invasores siempre fue la necesidad de tierras, pero está comprobado que detrás de ese reclamo existen intereses creados, tanto políticos como económicos e ideológicos.

Algunos parlamentarios, quienes en la práctica deberían ser los primeros en cumplir las leyes que ellos mismos sancionan, son los que de alguna manera les dan protección a los invasores, quienes tienen a disposición a políticos activando abiertamente a favor de ellos y en contra de las leyes de la República.

“Hay un objetivo ilícito detrás de las invasiones”, afirmó el Dr. Diego Torales, presidente de la Comisión de Defensa de la Propiedad Privada de la Asociación Rural del Paraguay (ARP).

Expresó que esto se puede visualizar cuando se otorgan las parcelas de los bienes invadidos.

“Esta práctica no es algo nuevo, sino viene ocurriendo desde hace décadas -ya en tiempos del IRA, después el IBR y ahora el Indert- cuando las invasiones se convirtieron en negocio a partir de la venta de derecheras y mejoras precarias introducidas a propósito en el inmueble ajeno”, añadió.

“Venden las tierras ajenas a precios comerciales, además de todo lo clavado y plantado en la propiedad invadida, y de esa manera generan ingresos ilícitos”, recalcó el directivo rural.

Como actividad ilícita paralela señaló la práctica del abigeato a la que se dedican los invasores, y la deforestación irracional con la tala de valiosas especies de madera protegidas por leyes ambientales.

Con relación al caso de la Ganadera Pindó, sostuvo que por las señales que emite el Estado no hay una solución en puerta.

“Representantes de la propiedad invadida, con el apoyo de la Asociación Rural del Paraguay, hemos mantenido una reunión con el ministro del Interior, quien ha prometido una reacción rápida que a la fecha no tiene respuesta, por lo cual pedimos ahora que se haga por lo menos un relevamiento serio de los sucesos de Pindó”, puntualizó el Dr. Torales.

Alegó que en la Policía Nacional se encuentran órdenes judiciales de desalojo que datan de 4 años, y las últimas datan de hace unos meses, pero no se ejecutan.

“Le hemos dado a la Policía el estatus de la gente armada y violenta que está en el establecimiento invadido, unas 200 a 300 familias, que ya están afianzadas dentro del inmueble, y pedimos que se dé cumplimiento a las resoluciones judiciales, que se haga efectivo el Estado de Derecho”, apuntó el directivo de la ARP.

De acuerdo a datos que se encuentran en poder de las autoridades, los invasores de movilizan con armas de fuego y mantienen un esquema de terrorismo con el objetivo de generar temor, y a través de ello amedrentar e intimidar a los que quieren paz.